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| Salud |
| Los sindicatos tienen obligaciones por $2000 millones con prestadores |
| Pretenden que el Estado pague la deuda de las obras sociales. La CGT le pedirá a Duhalde la emisión de un bono; amenaza de un colapso total. Las prestaciones fueron reducidas y advierten que habrá más cortes. Estiman que se recaudarán sólo $18 por afiliado. El costo del plan obligatorio es de $26 Las obras sociales agrupadas en la CGT de Rodolfo Daer le pedirán al presidente Eduardo Duhalde que el Estado se haga cargo de las deudas que mantienen con sus prestadores, por al menos 2000 millones de pesos. La decisión de "exigir" semejante medida en medio de las fuertes restricciones fiscales que mantienen en jaque a la gestión duhaldista fue tomada, durante un plenario del que participaron los directivos de 112 entidades sindicales de salud. En ese encuentro se evaluó que hoy las prestaciones se otorgan a un nivel del 80% y que si no llega una solución en el corto plazo antes de fin de año las obras sociales dejarían de atender a sus pacientes. "Si no atienden nuestros reclamos, en 60 o 90 días vamos a tener una crisis total, que va a tener su repercusión también en los hospitales públicos y en el sistema privado", advirtió el titular del sindicato de bancarios, Juan José Zanola, en diálogo con LA NACION. Zanola preside la comisión de obras sociales de la CGT, que ya había señalado la necesidad de que el Estado asuma como propia la deuda sindical porque "las normas dictadas en los últimos años fueron las que destruyeron al régimen". El pedido del salvamento de la deuda será acompañado por el de un subsidio de $5 por afiliado. Los jefes sindicales pretenden también que se disponga la suspensión del derecho a opción que tienen los afiliados del sistema para ir de una obra social a otra. Desequilibrios Aunque estiman que la medida llegaría algo tarde. Por un lado, porque consideran que las entidades que tienen convenios con las prepagas ya se llevaron a los trabajadores de salarios y aportes más altos. Por otra parte, porque, sobre todo entre el año pasado y el actual, se notó bastante la migración de afiliados de menores ingresos, principalmente de los que más requieren atención médica, de las obras sociales con mayores problemas a las que mejor prestación ofrecen -aún sin pactos con el sector privado-, generando así un desequilibrio entre ingresos y gastos. Ante la crisis del sistema de salud de la seguridad social, que si bien lleva años se agravó con la devaluación del peso, los sindicalistas consideran que es muy poco lo que ofreció el Gobierno: básicamente, se limitó el Programa Médico Obligatorio (PMO), disponiendo un esquema de emergencia, con una baja de las erogaciones estimada en un 30%, se aumentó del 5 al 6% la contribución de los empleadores y se eximió de impuestos a los productos médicos importados. Esta última resolución fue bastante controvertida, habida cuenta de que existen quejas porque el importador intermediario puede quedarse con todo el beneficio. En la CGT sostienen que esas medidas tienen efecto, pero no demasiado. Y muestran sus números: "La recaudación promedio en diciembre de 1999 era de $33, y para diciembre de este año la estimamos en $18", afirmó Zanola. Según estimaciones de los técnicos del sindicalismo, el costo del PMO de emergencia tiene un costo promedio de $26. Otro reclamo de vieja data que elevan las obras sociales es por el pago de reintegros de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud. Allí se maneja un fondo integrado con los aportes de los trabajadores, con el objetivo de financiar prácticas de alta complejidad y tratamientos de enfermedades crónicas. En los últimos meses esa dependencia estuvo recibiendo más ingresos gracias al incremento de las contribuciones patronales. Sin embargo, tiene expedientes acumulados hasta el año pasado, por un total de $180 millones. Fuente: Consultor de Salud |
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