El ex representante de la CGT ante el PAMI Reynaldo Hermoso fue procesado a fines de agosto por presuntas "amenazas" tras haber advertido, cuando comenzaron los cambios en la obra social de los jubilados, que iba a "hablar" si lo obligaban a renunciar.
El fallo fue dictado por el juez federal Norberto Oyarbide, quien también le imputó al sindicalista "incumplimiento de los deberes de funcionario público" al no haber denunciado ante la Justicia los supuestos ilícitos que conocía y que amenazó con hacer públicos si lo echaban del PAMI.  
El magistrado explicó en su resolución que "el mensaje amenazante de Hermoso tenía la expresa finalidad de incidir en quienes debían tomar la decisión sobre su continuidad" en el cargo, es decir los integrantes del Consejo Directivo.  
Además, el juez aclaró que si Hermoso conocía la existencia de ilícitos en el organismo los tendría que haber denunciado ante la Justicia y no usarlos para "coaccionar".  
"Es indudable que las cosas que Hermoso dijo tener conocimiento se encontraban vinculadas con supuestas irregularidades, que de otorgarle trascendencia podrían traer aparejado el inicio de actos jurisdiccionales y su consecuente investigación", indicó Oyarbide.   
El sindicalista declaró ante el juez el 15 de agosto último y en esa oportunidad, dijo que estaba "muy nervioso" al momento de los cambios impulsados por el Gobierno en el PAMI, y que por eso no recordaba haber amenazado con formular denuncias.
Hermoso había sido citado en dos ocasiones y tras solicitar una segunda postergación, el juez lo intimó a presentarse bajo apercibimiento de hacerlo detener si se ausentaba nuevamente.  
La causa se había iniciado por una presentación del abogado Eduardo Barcesat, quien denunció al ex integrante del Directorio de PAMI por las manfiestaciones hechas a una radio porteña y publicadas por la prensa el 18 de junio último.  
En esa oportunidad, Hermoso dijo: "si yo me tengo que ir (del Directorio del PAMI), porque el Consejo Directivo de la CGT me dice que me vaya, me voy a retirar. De lo contrario, no me voy a ir y voy a hablar, y eso va a ser muy peligroso, porque sé muchas cosas".  
A la presentación radicada por Barcesat luego se sumaron casi una decena más y por delitos tales como "retardo de justicia y abuso de autoridad", pero por el momento el juez Oyarbide dispuso que el sindicalista sólo sea procesado por sus manifestaciones públicas.  
Hermoso -tiular del gremio de los químicos- estaba en la obra social de los jubilados desde 1998 y en el ambiente sindical responde al senador Luis Barrionuevo.  
La pelea entre el Gobierno y los representantes sindicales se produjo cuando fueron nombrados Juan González Gaviola y José Granero, en representación de Néstor Kirchner, quienes finalmente consiguieron desplazar a Hermoso y al segundo director cuestionado, Domingo Petrecca.
El otro procesamiento
Pocos días antes, un ex director del PAMI  fue procesado por defraudación a la administración pública por  haber aceptado ese cargo "para el cual contaba con una manifiesta  incompatibilidad" ya que había sido jubilado por padecer "serios  problemas psiquiátricos".
Se trata de Elpidio Eligio González, a quien el juez federal  Sergio Torres procesó, sin prisión preventiva y manteniendo su  "libertad provisional", y le embargó sus bienes hasta cubrir la  suma de 150.000 pesos.
La causa se inició en 1999 por una denuncia de la Defensora  del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, quien  pidió que se investigue la "jubilación por invalidez, debido a  problemas psiquiátricos de envergadura que le diagnosticaban  invalidez total" con que se benefició González.
"Si tiene serios problemas psiquiátricos y es beneficiario de  una jubilación por invalidez no puede integrar el directorio del  PAMI", dijo Oliveira y agregó que si, por el contrario, está  capacitado para integrar la conducción de esa obra social, el  beneficio "le ha sido otorgado por mecanismos fraudulentos y ha  estado percibiendo fondos públicos sin derecho a ellos".
Según las constancias del trámite jubilatorio (de la Caja para  el personal del Estado y Servicios Públicos), a González se le  otorgó el beneficio por invalidez pues "tuvo un deterioro de sus  funciones psíquicas, con delirio de tipo persecutorio, desviación  del juicio, actitudes psicopáticas y crisis de excitación  psicomotriz".
Ese informe (contenido en el acta 621 del expediente  735-0-00142305-11) agrega que "tiene ilusiones constantes, de tipo  persecutorio, también alucinaciones intrapsíquicas de  características persecutorias", por lo que concluye con un  diagnóstico de "psicosis bipolar y personalidad psicopática", con  "incapacidad total permanente de 85 por ciento".
González comenzó a desempeñarse en el directorio del PAMI  (como representante de la Mesa Federal de Organización de  Jubilados, Pensionados y Tercera Edad), a partir del decreto  197/97, cuando Víctor Alderete asumió la presidencia del  Instituto.
Oliveira declaró en la causa que recibió una carta anónima que  hacía referencia que el cuestionado beneficio jubilatorio obtenido  por González fue "con motivo que regenteaba un prostíbulo en la  ciudad de Goya (Corrientes) donde falleció una menor de 14 años,  evitando así la persecución por ese hecho delictivo".
El otorgamiento de la jubilación lo investiga la justicia  federal correntina, en el marco de una causa en la que el juez  Torres envió los testimonios del expediente en trámite en su  juzgado.
En esta causa, el juez analizó el informe de los médicos  forenses que dan cuenta de "considerables antecedentes  psiquiátricos" que abarcan un "arco de patologías" que incluyen  "episodios de depresión que se asocian a ideación delirante".
Por su parte, Juan Alberto Ruiz (apoderado de la organización  a la que representaba González) testimonió que la persona  postulada para ocupar un cargo directivo "debe ser jubilado o  pensionado", que no hay "discriminación por el origen del  beneficio" y que "no existe algún tipo de invalidez que impida la  postulación o designación".
En tanto, Viviana Bonpland, directora de Asuntos Jurídicos del  Ministerio de Salud, no pudo aportar documentación relacionada con  la designación de González y "mencionó que el propio presidente se  abocó a esa designación, dentro de sus facultades" y que "en todo  caso pudo haber tenido participación" la Secretaría Legal y  Técnica.
En una resolución de una veintena de carillas, el magistrado  concluyó que la "maniobra reprochable" es "haber aceptado su  designación como miembro del PAMI para lo cual contaba con una  manifiesta incompatibilidad puesto que se encontraba gozando de  una jubilación por invalidez".
Respecto de la conducta desarrollada por los funcionarios  públicos que realizaron la cuestionada designación de González, el  juez concluyó que "no tenían la obligación legal ni administrativa  de requerirle ningún tipo de información, sino que solamente debía  corroborarse su condición de jubilado".
En el IOMA
En tanto, el juez de Garantías platense César Melazo convirtió en prisión preventiva la detención del odontólogo Oscar Varela, quien ocupó la vicepresidencia del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), en la causa en que se lo investiga por su presunta participación en un fraude en perjuicio de la administración pública.
  El ex vicepresidente de la entidad está acusado de haber incurrido en el fraude, al parecer mediante el cobro 250.000 pesos en concepto de sueldos por cargos que habría ocupado al mismo tiempo en tres reparticiones del Estado.
  Fuentes tribunalicias revelaron que el magistrado hizo lugar al pedido de prisión preventiva realizado por los fiscales de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC) La Plata, Carlos Argüero y Esteban Lombardo, quienes le imputaron al ex directivo los delitos de "falsificación y uso de documento falso, defraudación en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público".
  En el dictamen de la UFIC se explicó que de las pruebas documentales y testimoniales reunidas en la causa se pudo acreditar que Varela, entre 1996 y el 2002, habría ocupado al mismo tiempo el cargo de asesor de la Cámara de Diputados bonaerense, otro en el Ministerio de Salud de la Provincia y otro en el PAMI, según informaron voceros judiciales.
  También precisaron que los fiscales habrían probado que en Diputados el funcionario cobró una suma de 160.000 pesos, en Salud 55.000 y en el PAMI 45.000.