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La descentralización posible del PAMI |
Las autoridades del Instituto reconocieron esa intención, aunque negaron que los servicios pasen a las obras sociales. El 22 de septiembre último, el interventor del PAMI, Juan González Gaviola, admitió que uno de los "ejes" de su gestión será la "descentralización administrativa" del instituto, aunque desmintió que el instituto vaya a ser desarticulado para entregar los servicios a la obras sociales. González Gaviola se refirió así al proyecto que estaría evaluando el Gobierno para transferir la atención en salud de 3,5 millones de jubilados del organismo a obras sociales, lo que implicaría un virtual cierre del controvertido instituto, según algunos analistas de la realidad sanitaria nacional. Fuentes consultadas señalaron que el Gobierno evalúa que uno de los beneficios de esta desestructuración será darle "oxígeno" a las obras sociales con dificultades económicas, que en los hechos deben arancelar sus servicios para no caer en quebranto económico. Ante esta versión, el director de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, se manifestó "absolutamente en contra" de esta posibilidad y aseguró que el proyecto "no podría mejorar en absoluto" el estado del PAMI. "Las obras sociales hoy no tienen el sentido solidario que tuvieron en su origen, todas están gerenciadas por empresas privadas, y en realidad sería una forma encubierta de privatización de la salud", declaró Semino, en declaraciones radiales. En el mismo sentido se pronunció González Gaviola, quien desmintió "totalmente" una desestructuración del instituto previsional. "No vamos a provincializar ni a desguazar el PAMI, porque consideramos que en un país que está tomando un rumbo hacia la normalidad, podemos pensar seriamente en una obra social distinta", agregó González Gaviola. La iniciativa del Gobierno, según una versión publicada por un matutino porteño, apuntaría a que los fondos que el PAMI requiere para su funcionamiento en lo estrictamente asistencial, sean girados a las obras sociales sindicales para que corra por cuenta de ellas la atención médica. Rechazando esta posibilidad, Semino consideró que "lo que hay que hacer es sanear al PAMI a través de un modelo absolutamente sencillo, simple, como hay en todas las partes del mundo". "Esto no se hizo hasta ahora porque hay una sociedad ilícita de empresarios, funcionarios, políticos y sindicalistas que lo impidió", juzgó finalmente el defensor porteño de la Tercera Edad. En este sentido, González Gaviola expresó que lo que se debe hacer es "la descentralización administrativa" del PAMI porque "hoy todo está concentrado en Buenos Aires y, por lo tanto, hay que descentralizar a las delegaciones para que tomen decisiones en el ámbito local". Por otra parte, el interventor del PAMI, Juan González Gaviola, aseguró que la obra social de los jubilados "es viable", y se pronunció a favor de conseguir "mejores precios en el mercado" de la salud para los afiliados. "Estoy tratando de lograr que el PAMI, con la envergadura que tiene como gran obra social, consiga mejores precios en un mercado como el de la salud, donde los precios son bastante poco elásticos", enfatizó González Gaviola. El funcionario aseguró que ya se están "haciendo ahorros y contratando en forma racional" los servicios para jubilados y pensionados, al tiempo que volvió a negar que se analice el cierre de la obra social. González Gaviola se refirió así al proyecto que estaría evaluando el Gobierno para transferir la atención en salud de 3,5 millones de jubilados del organismo a obras sociales, lo cual implicaría un virtual cierre del controvertido instituto. El interventor aseguró que su gestión está "avanzando hacia un modelo prestacional que está lesionando algunos intereses económicos". "Hemos regularizado en gran parte el funcionamiento a nivel central, realizando ahorros ya sea por la depuración del padrón que hemos hecho, que nos ha permitido dar de baja a más de 65.000 beneficiarios que ya no existían, o que estaban mal cargados", explicó además. González Gaviola ratificó que se eliminó "un sistema de horas extras que había en el PAMI, a pesar de la gran cantidad de empleados que tiene en algunos lugares". "Incluso hemos mandado el tema a la Justicia Penal, gente que no iba a trabajar facturaba 100 horas extras al mes, por ejemplo, o gente que trabajaba un día facturaba 190 horas extras en ese día", indicó. Según señaló el funcionario, "con todos estos ahorros, más algunos otros menores", se están "volviendo a dar prestaciones que el PAMI no daba". |