La mayoría de las denuncias por discriminación registradas en el último año en Argentina son relativas a la salud y alcanzan el 34% del total, según un informe del Foro de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), que lo adjudicó a “un abandono de las responsabilidades por parte del Estado”.
Esta entidad, que agrupa a 25 ONG de ocho provincias, presentó la conclusión tras contabilizar 2.058 denuncias por discriminación en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense entre el 14 de mayo de 2003 y el 18 de mayo de 2004, en un estudio que realizó por noveno año consecutivo.
“Unas 690 denuncias son relativas a cuestiones de salud, lo que representa más del 33% del total y de ellas 395 fueron hechas por personas con VIH positivo o con sida”, dijo Daniel Barberis, director del Centro de Denuncias del Foro.
“Los denunciantes en general nos dicen que no tienen donde recurrir para exigir que se cumplan los servicios que deben cubrir sus prepagas u obras sociales”, agregó.
El representante del Foro, que además es psicólogo social, afirmó que “esto se da porque existe un abandono de las responsabilidades por parte del Estado”, lo que hace que “los particulares recurran con sus denuncias de arbitrariedades discriminatorias a las ONG”.
En el informe anual de esa entidad sobre discriminación, de un total 2.058 casos denunciados el 33,52% corresponde a salud, el 19,29 al área laboral y el 10,45% al racial.
Otros ítems que se incluyen son denuncias por incorrección de datos sobre actividad económica, con el 8,77%, por ideología el 5,01, por religión el 3,83, por edad el 3,50, por orientación sexual el 3,42 y por género 2,60%.
Barberis subrayó que “en el conflicto discriminatorio sobre cuestiones de salud hay un abandono de las obligaciones del Estado” y que “no existe un equilibrio entre lo que son las compañías de salud prepagas y el usuario”.
“Muchas de ellas, cuando tienen que cubrir el servicio empiezan con dilaciones o no lo reconocen o entregan medicamentos de dudosa calidad, y a todo esto el Estado no lo supervisa o lo hace mal”, añadió.
Con relación a la calidad de los medicamentos utilizados, explicó que “la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), que es la encargada de analizar y aprobarlos, no está funcionando bien”.
Barberis afirmó que a “la medicación de alta complejidad, la ANMAT la aprueba sólo a través de formularios presentados, sin realizar análisis y sin comprobar sus componentes y la calidad de sus principios activos”, lo que “generalmente deriva en efectos secundarios indeseados” y después surgen las denuncias.
El representante del Foro explicó que “a medida que pasa el tiempo la gente identifica cada vez mejor su actividad discriminatoria en contra”, y entonces, “lo que antes suponía era un error suyo, hoy sabe que es un derecho que le conculcan”.
En el área laboral, el informe destaca que “hubo 397 casos de incidentes discriminatorios que demuestran la valentía de los denunciantes en una situación de extrema debilidad frente a la potencial pérdida de la fuente laboral” y que “aún así optaron por expresar su disgusto ante la injusticia”.
El Foro de ONG agrega en su documento que “por el marco general de situación creemos que son muchísimos más los casos no denunciados”.
Como conclusión, sostiene que “sumados los ejes Salud y Laboral podemos ver que de cada 10 casos denunciados, más de la mitad están referidos a dos cuestiones donde el Estado sigue abandonando lo que debería ser indicio claro de su intervención y responsabilidad”.