El gobernador Felipe Solá decidió ampliar el temario de las sesiones extraordinarias de la Legislatura, que se concretarán en febrero, enviando un proyecto de ley por el cual se impulsa un aumento de los aportes personales que el conjunto de los trabajadores de los tres Poderes del Estado provincial y los municipales efectúan al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA); un incremento que fue fundado en la necesidad de financiar la incorporación, como beneficiarios de esa obra social, de los maridos de las empleadas públicas.
Actualmente, como se sabe, según lo define la ley 6.982 en su artículo 13, el aporte de los afiliados directos del IOMA “es del 4,50% de los sueldos, bonificaciones, dietas, aguinaldo y cualquier otra retribución sujeta a descuento jubilatorio”, tanto
para los empleados públicos activos como para
los jubilados.
Ahora, el Gobernador quiere llevar ese aporte
al 4,8 por ciento, según la iniciativa enviada
a la Legislatura para su conversión en ley.
El 14 de noviembre de 2003 la Legislatura aprobó una ley que facultó al Ejecutivo a establecer el nuevo porcentaje del aporte de los trabajadores a la obra social, fijando mínimos y máximos que iban del 4,5% al 6,5% del sueldo, para poder financiar el gasto que generarían los nuevos beneficiarios.
Si bien Solá, en virtud de esa norma, tiene la facultad de disponer por decreto no sólo el índice porcentual del aumento de los aportes, sino también de decidir si el aumento debe aplicarse a todos los beneficiarios del Instituto o sólo a las mujeres que incorporen al sistema a sus maridos, ha preferido que el incremento sea establecido por ley.

EL AUMENTO

Según explicó al diario una calificada fuente del gobierno provincial, el incremento de los aportes
al IOMA, como se dijo, será del 0,3% de las remuneraciones, por lo que pasará del 4,5 al 4,8%,
y deberá ser abonado por todos los trabajadores
y jubilados.
La demora de más de un año en decidir el incremento de los aportes de los estatales al IOMA se debió, de acuerdo a lo expresado por la misma fuente, a que la incorporación de los maridos como beneficiarios del Instituto “no fue del volumen que se esperaba (no se precisaron números) y viene siendo muy gradual”, por lo que “no se ha producido hasta ahora una desfinanciación del sistema”
de prestaciones de la obra social.
Sobre la decisión de que sea la totalidad de los beneficiarios los que afronten el aumento de los aportes, el propio Solá había anticipado un día después de aprobada la ley que extendió la cobertura a los maridos de las empleadas públicas, que “estamos más cerca de que el aporte sea solidario y que no lo sufran en todo su peso
las mujeres que adhieran al beneficio”.

QUIEN SE HACE CARGO

El aumento de los aportes al IOMA trae consigo una lógica disminución de los salarios “de bolsillo” de los estatales y por más que el incremento no sea todo lo significativo que se había supuesto en un primer momento, implica un costo político que Solá aspira
a compartir con la Legislatura.
En rigor, según se comentó ayer en el Ejecutivo,
se trata del “mismo costo político que en 2003 no quisieron asumir los legisladores, al no determinar en la ley el nuevo nivel del aporte al IOMA y delegando esa facultad al Gobernador, para que
éste lo resolviera en la reglamentación de la norma”.
En aquel momento, los legisladores habían dicho que en la ley no se fijaba el porcentaje de incremento, porque éste surgiría “de un estudio
que realizará el IOMA, que incluirá el cálculo técnico
de los montos” necesarios para financiar las prestaciones que recibiría el nuevo universo
de beneficiarios de la obra social.
Más allá de ese contrapunto político, lo cierto
es que la ley sancionada en noviembre de 2003
fue reclamada por Solá con el objeto de evitar que
la Suprema Corte bonaerense siguiera concediendo medidas cautelares a maridos de empleadas estatales para ser admitidos como beneficiarios
del IOMA, situación que a su vez produciría
un desfinanciamiento del Instituto.
Los amparos individuales en 2003 sumaban unos 20.000, según había alertado el gobierno provincial, que también había advertido que se podría resolver la presentación colectiva, para todas las trabajadoras estatales, formalizada por un gremio del sector.
También se estimaba que entre 100.000 y 150.000 maridos de empleadas públicas se afiliarían al IOMA a partir de la nueva legislación, pero si bien no se informó qué cantidad lo ha hecho hasta ahora, se aseguró que “el número dista mucho de esas previsiones”.

Fuente: diario El Día – La Plata