El Comité de Redacción de Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana ha seleccionado este artículo publicado en la revista “Exactamente”, Año 10, Nº 31 de diciembre de 2004; para su difusión a través de FABA Informa.

La producción pública de vacunas es considerada, cada vez más, como un tema estratégico para el sostenimiento del sistema sanitario nacional. En la Argentina ya se vislumbra la posibilidad de enfrentar el desafío que implica el autoabastecimiento para asegurar la cobertura inmunológica de la población. Y la definición está en manos del Estado.

Por Verónica Engler
The Lancet, una de las revistas de mayor impacto mundial en medicina, publicó en abril de este año un contundente editorial sobre la importancia de la producción de vacunas. El artículo llamaba la atención sobre la escasez que se viene registrando en los últimos años a causa de la poca rentabilidad que ofrece la fabricación de este tipo de producto medicinal a los laboratorios privados.

En 2002, UNICEF ya advertía sobre una falta de 70 millones de dosis y un año antes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconocía este déficit como un problema de salud pública al que los estados debían prestar atención. “Esta situación delicada -advertía la Organización- requerirá que los Estados Miembro aseguren una reserva de vacunas y que planifiquen sus pedidos con mucha anticipación por intermedio del Fondo Rotatorio para la compra de vacunas de la OPS”.
Mientras que la fabricación de las vacunas más comunes ha dejado de ser rentable para las compañías farmacéuticas, la producción pública es casi nula en los países pobres porque carecen de los recursos necesarios para iniciar este tipo de emprendimientos. Esto hace que la cobertura vacunal de las naciones dependa de una industria cada vez más concentrada -entre 1998 y 2001, de los catorce laboratorios internacionales que producían vacunas, diez pararon parcial o totalmente su producción-. Es decir, la tendencia es que haya cada vez menos laboratorios que produzcan. La consecuencia de esta merma es que la cantidad producida no será suficiente para abastecer una demanda mundial creciente.

CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN Son ocho las vacunas de aplicación obligatoria que conforman lo que se conoce con el nombre de calendario Nacional de Vacunación: BCG (tuberculosis), Anti Hepatitis B, Doble Adultos (tétanos-difteria), Triple Bacteriana (difteria-tétanos-pertussis), Cuádruple Bacteriana (difteria-tétanos-pertussis-hemophilus-influenza B), Sabin (poliomielitis),Doble Viral (sarampión-rubéola) y triple Viral (sarampión-rubéola-parotiditis).

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja, para la mayoría de las vacunas, la utilización de gérmenes (cepas) regionales con el fin de aumentar la efectividad en la prevención de diferentes comunidades.
Considerando este mapa de carestía y de necesidades locales, diversas organizaciones sanitarias y académicas de la Argentina vienen propiciando desde hace un par de años la producción pública de vacunas como parte de una política más amplia que incluiría la manufactura de medicamentos.
El gobierno, por su parte, parece haber incluido el tema de las vacunas en su agenda. Prueba de ello es el préstamo de 800 mil pesos solicitado al Banco Mundial -concedido en octubre pasado- con el fin de adecuar el Laboratorio Central de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires (LCSP), en la ciudad de La Plata. El objetivo es producir BCG para abastecer las necesidades de la población de todo el territorio nacional.

La producción como estrategia

En nuestro país, el LCSP (también conocido como Instituto Biológico de La Plata) y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de la Salud (ANLIS-Malbrán) son las únicas instituciones que producen vacunas del Calendario Nacional de Vacunación, con excepción del Laboratorio de las Fuerzas Armadas, que fabrica en una proporción mínima para uso propio.
El LCSP produce la BCG y la Doble Adultos, aunque en cantidades que sólo cubren las necesidades de la Provincia de Buenos Aires (1.600.000 dosis por año de cada una); y el ANLIS- Malbrán produce aproximadamente 200.000 dosis anuales de la Doble Adultos. Las seis vacunas restantes que se aplican en el marco del Calendario Nacional, así como también las dosis faltantes de BCG y vacuna Doble para el resto del país, son compradas en el exterior por el Ministerio de Salud.
La Argentina importó vacunas por más de 20 millones de dólares en 2003 a través del Fondo Rotatorio de la OPS, establecido hace veinticinco años con el fin de abaratar costos mediante compras “al por mayor”. Esta adquisición se realizó a través de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, que depende del Banco Mundial). Para el período que cubre el presente año hasta marzo de 2005, el préstamo tomado ascendía a casi 30 millones de dólares.
“Producir vacunas en el país permitirá dar cobertura social adecuada y necesaria sustituyendo importaciones, abrir fuentes de trabajo y hasta generar posibilidades de exportación -afirma el doctor Martín Isturiz, jefe de Inmunología del Instituto de Investigaciones Hematológicas (IIHEMA) de la Academia Nacional de Medicina e investigador superior del Conicet-. Además, es una manera de ir generando autonomía tecnológica en áreas de importancia estratégica .
Isturiz es uno de los fundadores del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología que desde hace dos años viene desarrollando una campaña persistente para promover la producción pública de vacunas. En la misma línea de acción se inscribieron las jornadas “Vacunas: un déficit de la nación”, realizadas en octubre del año pasado en la Facultad de Ciencias Exactas (FCE) de la Universidad Nacional de La Plata. En esa ocasión, la doctora Daniela Hozbor, del Instituto de Bioquímica y Biología Molecular de la
FCE, presentó un informe en el que destacaba que la Bordetella pertussis (agente causal de la tos convulsa, también conocida como coqueluche) utilizada en las vacunas Triple y Cuádruple importadas, no tiene las características de las cepas que producen la enfermedad en la Argentina.
Hozbor dirige un equipo que investiga aspectos básicos de la interacción de la Bordetella pertussis con el hospedador (la persona infectada). De este conocimiento básico se espera poder elegir adecuadamente qué cepa bacteriana y qué componentes son esenciales para lograr una buena protección contra la tos convulsa. “Este es un caso típico en donde las vacunas importadas no cubren las necesidades de la región, y la solución es producirlas en el país -admite Hozbor-. Por ello es que la producción nacional de esta vacuna con cepas aisladas en el país tendría una importancia estratégica en el control de la tos convulsa”. Esta enfermedad respiratoria, altamente contagiosa, ocasiona en el mundo 60 millones de casos y 500 mil muertes anuales.
“Hemos enviado un informe al Ministerio de Salud de la Nación diciendo que, en la vacuna que se importa, el componente pertussis no da protección buena contra la tos convulsa, porque son cepas de otros lugares y la OMS está recomendando utilizar cepas regionales. Entonces, para esas cepas hay que hacer desarrollo en nuestro país”, asegura Hozbor. “Tuvimos respuesta del Ministerio, y nos daban la razón, decían que había más tos convulsa”. En este caso, importar vacunas acarrea como consecuencia una incompleta inmunización de la población.
“El diseño de una vacuna debería hacerse teniendo en cuenta los datos epidemiológicos de la región -sostiene la médica-. Lamentablemente, Latinoamérica basa sus desarrollos y estrategias en el área de salud sobre datos de otros. Argentina debe mejorar significativamente los estudios epidemiológicos, deberían apoyarse más seriamente porque a partir de ellos se pueden diseñar estrategias preventivas más eficaces”.
En los últimos meses, el Grupo de Gestión -que representa a más de 1.400 personas y 65 instituciones- se concentró fundamentalmente en la BCG “porque hay capacidad instalada para hacerla y tiene niveles internacionales de calidad”, argumenta Isturiz.
De acuerdo con las evaluaciones realizadas por la OMS, la BCG producida para la Provincia de Buenos Aires es una vacuna de referencia para América Latina y el Caribe. Pero, a pesar de su buena calidad, el laboratorio de La Plata no contaba con la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT dependiente del Ministerio de Salud de la Nación) para poder distribuir el producto en todo el país.
Esta inhibición en lo referente al tránsito federal, tiene que ver con lo que técnicamente se llama Buenas Prácticas de Fabricación (GMP; por sus siglas en inglés) que estipulan, entre otras cosas, las características edilicias que debe tener el lugar donde se produce. El proceso productivo en el área de vacunas está regulado por estrictas normas de seguridad que se establecen a nivel internacional en el marco de la OMS. En cada país, los entes reguladores pertinentes -en la Argentina, la ANMAT- son los encargados de controlar el cumplimiento de estas normas que resguardan la calidad del producto.
Justamente, durante la primera mitad de este año, las autoridades del LSCP estuvieron elaborando un proyecto de reforma del laboratorio con el fin de adecuar las instalaciones y poder producir BCG para distribuir fuera del territorio bonaerense. En el mes de junio, la ANMAT finalmente aprobó las remodelaciones edilicias y de equipamiento definitivas de la planta productora.
Pero para adecuar la infraestructura del laboratorio se necesitan aproximadamente 1,5 millones de pesos, suma que se conseguiría en parte a través de un préstamo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que sería de aproximadamente 700 mil pesos. El resto lo aportará el Ministerio de Salud de la Nación con el préstamo de 800 mil pesos que ya fue aprobado por el Banco Mundial.
Sustitución de importaciones
Durante el año 2003, la Argentina debió importar 3.375.000 dosis de BCG por un valor total de 337.500 dólares (a diez centavos de dólar por unidad).
“Pero internamente, ¿qué conviene: generar deuda externa por casi 400 mil dólares, que es insignificante, o invertir eso en el desarrollo de vacunas locales, preservar la autonomía tecnológica y formar recursos humanos?”, se pregunta Isturiz.
“El Ministerio está absolutamente comprometido con el proyecto de producción pública de BCG”, afirma la doctora Silvia Kochen, quien desde el Ministerio de Salud se encargó de monitorear -junto a la Vice Ministra, la doctora Graciela Rosso- el proyecto de remodelación del Laboratorio de La Plata para presentar ante la ANMAT y ante los funcionarios del Banco Mundial que debían dar el visto bueno para la aprobación del crédito solicitado.
Kochen coincide con Isturiz y Hozbor en considerar la producción pública de vacunas como una cuestión de estado estratégica, pero destaca varios aspectos que hubo que tener presentes al momento de formular el proyecto para pedir dinero al exterior. “Cuando se va a producir una vacuna, también hay que evaluar costos, porque si se compra la BCG por el Fondo Rotatorio a diez centavos de dólar la dosis, no se puede producir a un costo de diez dólares”.
En la propuesta presentada por el LCSP se estima que la provisión al Estado Nacional de BCG se podría realizar entregando la vacuna a un valor de entre seis y siete centavos de dólar. Esta estimación resulta de evaluar el costo de producción teniendo en cuenta los valores de los diferentes insumos y servicios empleados en la producción, que conforman los gastos generales del Laboratorio.
La capacidad actual de producción del Instituto Biológico de La Plata es tal, que permitiría producir vacunas BCG para todo el territorio nacional y aun para exportar:
El LCSP tiene una experiencia de más de treinta años en la elaboración y control de BCG. La capacidad de esta planta de producción es tal que actualmente permitiría producir para distribuir en todo el territorio nacional (aproximadamente 5.000.000 de dosis) y aun para exportarse.
“Una vez que la vacuna producida por este laboratorio esté disponible, el Ministerio se compromete a su adquisición para ser distribuida en todo el territorio nacional, y de esta forma dar respuesta a las necesidades de la población, sin que el Estado Nacional tenga que importarla”, asegura Kochen.
“Tomamos la BCG como caso testigo más que como un hecho económico en sí, porque (empezar a producirla) marcaría una voluntad política y eso es fundamental. La BCG es como el primer escalón -ejemplifica Isturiz-. La Doble también se podría producir para todo el país, porque, de hecho, el Instituto Biológico de La Plata ya lo hace para la provincia de Buenos Aires”.
Si se aprovechara la posibilidad de comenzar a subir esa escalera productiva, según Isturiz, se podría llegar a elaborar una vacuna como la Cuádruple, “que es importante desde el punto de vista sanitario y también económico, porque es más cara (vale un poco más de tres dólares la dosis) y se importa por 10 millones de dólares anuales”. Aunque producirla no costase más barato que importarla, la diferencia estaría en que el dinero quedaría circulando en el país y no saldría como erogación.
Los programas de inmunización en todo el mundo, y particularmente en Latinoamérica, han sido sumamente fructíferos. En 1970, el año en que la OPS convocó a una Conferencia Internacional sobre la Aplicación de Vacunas, las tasas de cobertura de inmunización, con las escasas vacunas empleadas en los programas de la región -que eran básicamente DPT, BCG, antipoliomielítica y toxoide tetánico- eran inferiores al 10 por ciento.
Actualmente, la cobertura de vacunación -que ahora incluye las vacunas contra el sarampión, la rubéola, la parotiditis, Haemophilus influenzae tipo b y la hepatitis B- alcanza un promedio de 80 a 90 por ciento en los países de América. Hoy todo parece indicar que para seguir avanzando en este sentido, es el Estado el que tiene que asumir el desafío que implica la producción de vacunas.